El Acuerdo con Escazú, cuyo nombre oficial es el “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe ”, es un tratado internacional que enfatiza la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Este tratado es crítico para garantizar que las personas tengan acceso a la información, puedan participar en la toma de decisiones y puedan buscar justicia en relación con los asuntos ambientales. Estos principios son fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar que los derechos ambientales se respeten y protejan.
Una expresión de esta necesidad de fortalecer y generar espacios de mayor participación e incidencia de la ciudadanía se expresa en la facultad que se le confiere al SEA de promover y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos (literal h) del artículo 81 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente), aspecto que nuestro país ha visto relevado al adherir y ser Estado Parte de dicho Acuerdo, desde el 11 de septiembre de 2022 y que se ha instrumentalizado por medio de la actualización de la Guía para la Participación Anticipada de la Comunidad en Proyectos que se presentan al SEIA desde el año 2013, estandarizando en 2024 los procesos desde la perspectiva técnica, metodológica y del relacionamiento comunitario. Estableciendo criterios para la Participación Ciudadana Temprana (PCT), buscando con ello promover oportunidades en la ciudadanía para involucrarse, desde las etapas iniciales de la elaboración de un proyecto o actividad, e incidir en su diseño y desarrollo.
El alcance de los criterios contenidos en el Acuerdo y materializados en esta Guía actualizada de Participación Ciudadana Temprana (noviembre de 2023), implica además, un intento genuino de fortalecer ciertos principios básicos de la democracia. Así, el Acuerdo de Escazú en materia ambiental ha permitido poner en relevancia:
- 1. Que la participación democrática es un Derecho Humano Fundamental: No es solo un mecanismo administrativo, sino un derecho humano fundamental consagrado en el Acuerdo de Escazú. Este derecho permite a las personas influir en decisiones que afectan directamente su entorno y calidad de vida, promoviendo la justicia social y ambiental.
- 2. Ayuda o permite el Empoderamiento Ciudadano: La participación activa en la toma de decisiones ambientales empodera a la ciudadanía. Les proporciona las herramientas y plataformas necesarias para expresar sus preocupaciones, opiniones y sugerencias. Esto no solo fortalece la democracia, sino que también fomenta una sociedad más informada y comprometida con la protección del medio ambiente.
- 3. Impone obligaciones a los titulares y demás partícipes a tener procesos Transparente y Rendir de Cuentas: Lo cual se concreta al garantizar el acceso a la información y la participación pública, asegurando que las decisiones ambientales sean tomadas de manera abierta y responsable, lo que reduce la corrupción y aumenta la confianza pública en las instituciones.
- 4. Que los procesos permitan la Inclusión y Equidad: La participación democrática debe ser inclusiva, asegurando que todos los sectores de la sociedad, especialmente aquellos más vulnerables y marginados, tengan la oportunidad de ser escuchados. El Acuerdo de Escazú enfatiza la importancia de considerar las necesidades y voces de mujeres, pueblos indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
- 5. Sostenibilidad y Conservación: Una participación ciudadana robusta contribuye a la sostenibilidad ambiental. Las decisiones que incorporan las perspectivas y conocimientos locales tienden a ser más sostenibles y efectivas a largo plazo. Esto es crucial en la planificación y ejecución de proyectos que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente.
- 6. Prevención de Conflictos: La participación temprana y efectiva en la toma de decisiones ambientales ayuda a prevenir conflictos sociales. Al involucrar a las comunidades desde el inicio de los proyectos, se pueden identificar y abordar preocupaciones y expectativas, minimizando el riesgo de conflictos y resistencias posteriores.
La Guía para la participación ciudadana temprana en proyectos que se presentan al SEIA, aun cuando dicho proceso es voluntario para los desarrolladores de proyectos, supone una apertura hacia mejores resultados en el complejo equilibrio de los conflictos socio-ambientales.
Metodologías pertinentes, voluntad empresarial y capacidades de evaluación, supone un escenario más propicio para salvaguardar principios básicos de la vida en democracia.
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