«Mientras el debate se centra en la ‘permisología’, las cifras de inversión extranjera en Chile muestran una notable resiliencia. ¿Estamos enfocando el problema correctamente? Es hora de mirar la calidad de los proyectos y, sobre todo, la coordinación del Estado».

Para comprender a cabalidad por qué la gestión del patrimonio arqueológico en Chile es un nudo crítico que alimenta la «permisología», es necesario retroceder en el tiempo y analizar una profunda paradoja ideológica. La Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, promulgada en 1970, es hija de una época y de un dogmatismo constitucional donde el Estado asumía un rol protagónico y la preeminencia de lo público era incuestionable. En su Artículo 21°, al declarar todo sitio arqueológico como propiedad del Estado por el solo ministerio de la ley, es una de las afirmaciones más rotundas de soberanía y de interés público sobre el legado histórico de la nación. En su concepción, el Estado no era un mero regulador, sino el principal custodio y gestor de la memoria colectiva.  

Sin embargo, este paradigma colisionó frontalmente con el modelo de Estado subsidiario que se consolidó a partir de la Constitución de 1980. Bajo esta nueva lógica, el Estado debía retirarse de aquellas áreas donde los privados podían actuar, transformándose en un facilitador del mercado y en un regulador de última instancia. Este cambio, sumado a un enfoque eficientista en los marcos regulatorios, provocó un desplazamiento tectónico en la gestión del patrimonio. La preocupación por la arqueología y la paleontología, aunque legalmente seguía siendo una responsabilidad pública, en la práctica se desplazó del interés público proactivo hacia el interés privado reactivo.

Aquí yace la gran disociación: hoy, la arqueología que se desarrolla a gran escala en Chile es, en su mayoría, de carácter «privado» sobre un bien que, por ley, es de todos los chilenos.

Esta «privatización» de la práctica arqueológica no significa que los sitios pasen a manos privadas, sino que la generación de conocimiento sobre ellos ha quedado supeditada casi exclusivamente a la agenda de los proyectos de inversión que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El Estado, con un Consejo de Monumentos Nacionales con recursos limitados y sin una estrategia nacional proactiva, ha perdido la capacidad de anticipar, disponer, saber, coordinar y gestionar de manera inteligente el vasto universo patrimonial que yace en el territorio.  

Las consecuencias de esta atomización son precisamente las que el informe de investigación diagnostica como críticas:

1. Conocimiento Fragmentado y Reactivo: En lugar de una agenda de investigación pública que busque comprender el poblamiento y la historia del territorio de manera coherente, el conocimiento arqueológico se genera a retazos, siguiendo el trazado de una carretera, el polígono de una concesión minera o el emplazamiento de un parque eólico. El Estado no lidera el saber; reacciona a los hallazgos que los privados le reportan.
2. Imposibilidad de Planificación Territorial: La debilidad crítica del catastro nacional de sitios, identificada en el informe , es una consecuencia directa de este modelo. Sin una inversión pública sostenida en la prospección y registro, el Estado opera a ciegas. Esta ceguera es la que transforma al patrimonio en una «sorpresa» que genera incertidumbre y alimenta el discurso de la «permisología».  
3. Subvaloración Estructural: Al relegar la arqueología a un costo transaccional dentro de la evaluación de impacto ambiental, se refuerza la idea de que el patrimonio es un obstáculo a sortear y no un activo estratégico para el desarrollo. El Estado, al no invertir proactivamente en su conocimiento y gestión, envía una señal implícita de que su valor es secundario frente a otros intereses económicos.  

Por lo tanto, la crítica a la «permisología» desde el sector privado, si bien legítima en su reclamo por certeza y plazos razonables, a menudo omite que la raíz del problema es la propia arquitectura de un Estado que renunció a su rol planificador. La demora no surge de la existencia de una ley que protege el patrimonio, sino de la incapacidad de las instituciones públicas, debilitadas por décadas de subsidiariedad, para implementar esa misma ley de forma proactiva.

La solución, tal como se desprende del informe y de la propuesta de un Plan Intersectorial que hemos desarrollado, no es desregular o debilitar la protección, sino todo lo contrario:  

es fortalecer al Estado para que recupere su rol público fundamental. Una herramienta intersectorial efectiva, que impulse un catastro nacional unificado y que coordine a los servicios públicos, no es solo una medida de protección cultural. Es, en esencia, una política de modernización del Estado y de fomento a la inversión, pues al saber lo que se tiene y dónde está, se pueden establecer reglas claras y tempranas, transformando la incertidumbre de los hallazgos fortuitos en certezas para un desarrollo verdaderamente sostenible.Fuentes y contenido relacionado

La exhaustiva investigación se traduce en una propuesta robusta y urgente que plantea una hoja de ruta concreta para dotar al país de una herramienta estatal intersectorial capaz de articular normativas, actores y territorios en torno a la protección de nuestro patrimonio.

• Se analiza en profundidad el marco legal vigente, los vacíos institucionales, las limitaciones en participación ciudadana y la falta de criterios técnicos unificados.
• Se propone un modelo metodológico con observatorio normativo, catastro nacional unificado, gobernanza participativa y criterios estandarizados de gestión.
• Se entregan los fundamentos para un Plan Nacional Intersectorial, que incorpore enfoque territorial, participación indígena y sostenibilidad como ejes centrales.

Si trabajas en patrimonio, medioambiente, ordenamiento territorial, comunidades o políticas públicas, este documento puede ser una herramienta clave para tu quehacer.

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